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La Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Castellón nos ha comunicado que a partir del próximo 15 de septiembre de 2018, en aplicación del artículo 14 de la Ley 39/2015,  deberán ser presentadas electrónicamente  todas las solicitudes y documentación en materia de extranjería que puedan presentarse electrónicamente. Asimismo, las notificaciones relativas a estas solicitudes serán notificadas también electrónicamente.

Se exceptúan aquellas solicitudes en que sea preceptiva la comparecencia personal del ciudadano extranjero en la Oficina de Extranjería, continuando en estos casos con el mismo procedimiento que hasta la fecha.

Todo ello con el doble objetivo, por un lado, de evitar desplazamientos innecesarios a la Oficina de Extranjería y, por otro lado, de agilizar la resolución de los procedimientos por parte de dicha unidad, dado el éxito que esta iniciativa ha tenido tanto en la Oficina de Extranjería en Valencia,  como en la Oficina de Extranjería en Alicante.

La presentación de las solicitudes deberán realizarla a través de la siguiente sede electrónica:

 https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/renovacion_telematica_extranjeria

 Muchas gracias por su atención.

• Esta edición se celebrará los días 19 y 20 de septiembre en Logroño

CGAE.- Las IV Jornadas de Tesorería de Colegios y Consejos de la Abogacía, organizadas por el Colegio de Abogados de La Rioja y la Abogacía Española, se celebrarán los días 19 y 20 de septiembre en Logroño. El tema principal de esta edición se centrará en el análisis de la prestación de servicios desde el Colegio visto en sus dos vertientes pública o privada.

Asimismo, habrá talleres prácticos que permitirán a los asistentes acercarse a materias como la realización de auditorías económicas y financieras orientadas al cumplimiento de la Responsabilidad Social Corporativa, la adopción de acuerdos con entidades para la prestación de servicios para colegiados o aplicación de descuentos.

Las Jornadas comenzarán el miércoles 19 de septiembre de 2018 a las 9.30 con la inauguración. Seguidamente, a las 10.00 de la mañana, dará comienzo la primera ponencia moderada por Rafael Bonmatí Llorens, tesorero de la Abogacía Española y decano del Colegio de Abogados de Valencia, en la que se tratarán entre otras cuestiones el papel que juegan los Colegios en relación con los contratos, convenios y subvenciones de la Administración Pública o si las competencias delegadas deben ser financiadas con subvenciones, entre otros.

A las 12.00 está prevista la segunda mesa redonda, moderada por José María Cid Monrealen, decano del Colegio de Abogados de La Rioja. En ella se abordarán las implicaciones en la gestión colegial respecto de la justificación de subvenciones, con casos prácticos de aplicación según territorio; así como, la fiscalidad de los Colegios de Abogados. En horario vespertino, a las 16.00 horas, comenzarán los talleres prácticos, con Adolfo Estébanez Velasco, gerente de la Abogacía Española, como moderador.

El jueves 20 de septiembre está previsto que la jornada se centre en abordar los servicios de naturaleza privada que ofrecen los distintos Colegios de Abogados. Para ello, a las 9.30 se realizará una primera ponencia a cargo de Manuel Albiac Cruxent, decano del Colegio de Abogados de Tarragona. En la que se tratará, entre otras cuestiones, la Seguridad jurídica, como un factor clave para generar confianza.

A las 11.30 comenzará la segunda mesa redonda, moderada por María José Valgañón Valgañón, tesorera del Colegio de Abogados de La Rioja, en la que se tratarán los mecanismos de sostenimiento y financiación de los Colegios y la responsabilidad de las Juntas de Gobierno en la gestión económica.

Consulta el programa e inscríbete en las IV Jornadas de Tesorería de Colegios y Consejos de la Abogacía.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que modifica la Ley de Bases del Régimen Local, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Código Civil.

Estas modificaciones devuelven a los Ayuntamientos las competencias en esta materia. También fortalecen la tutela judicial, el acceso a la justicia y a los recursos de asistencia a las víctimas de violencia de género. Igualmente, se recoge que la confirmación de las situaciones de violencia de género se amplíe más allá de la sentencia o resolución judicial. Con esta iniciativa se da cumplimiento al Convenio de Estambul en lo que se refiere a prevención y diligencia debida ante casos de violencia de género.

Tras la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada el pasado 31 de julio, una de las medidas más urgentes para el cumplimiento del Pacto de Estado es la devolución de competencias en la materia a la Administración local, por ser la más cercana a las víctimas. La promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia de género entrarán a formar parte del catálogo de competencias propias gracias a la modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Asimismo, los fondos destinados a los programas dirigidos a erradicar la violencia de género para los Ayuntamientos -20 millones en el presente ejercicio y 40 millones de euros en 2019- se distribuirán vía transferencia finalista y directa, o a través de otras Entidades Locales.

La protección de los menores constituye uno de los ejes más importantes del Pacto de Estado. Por ello, el Real Decreto-ley incluye una modificación en el artículo 156 de Código Civil para que la atención y asistencia psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en la patria potestad, cuando cualquiera de los progenitores esté acusado en un proceso penal por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos e hijas de ambos.

Por otro lado, la reforma de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género aprobada fortalece la tutela judicial para mejorar la participación de la víctima en el proceso penal, con la designación urgente de abogados y procuradores de oficio en los procedimientos que aseguren la inmediata presencia para la defensa y representación de las víctimas. Además, la víctima podrá personarse como acusación particular en cualquier fase del procedimiento.

En relación con las ayudas reguladas en el artículo 27 de la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, el Real Decreto-ley posibilita que dichas ayudas sean compatibles con otras de carácter autonómico o local.

Por último, y en línea con el artículo 18.3 del Convenio de Consejo de Europa que exige no subordinar la protección de las víctimas de violencia de género al ejercicio de acciones legales o declaración contra el autor, el Real Decreto-ley modifica la Ley integral para ampliar los mecanismos de acreditación de las situaciones de violencia de género. En este sentido, el reconocimiento de los derechos de las víctimas se podrá acreditar por el informe del Ministerio Fiscal, de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género. El Gobierno y las Comunidades Autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial, diseñarán de común acuerdo, los procedimientos básicos que permitan poner en marcha dicha acreditación.

• Los abogados que realicen tramitaciones dentro del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita no deberán abonar los gastos de reclamación (1 euro) o de certificado (3 euros)

Más de 3.110 abogados ya están tramitando las reclamaciones de sus clientes sobre accidentes de tráfico de forma online, con un total de 5.713 solicitudes realizadas desde enero de 2018.

Desde el 1 de enero de 2018, los abogados están tramitando por vía telemática ante las aseguradoras las reclamaciones de sus clientes para el pago de indemnizaciones por accidentes de tráfico con daños personales. Este programa contribuye a reducir la litigiosidad por siniestros de circulación con víctimas.

Siete meses después de la puesta en funcionamiento de este servicio 3.110 abogados se han dado de alta para tramitar on line las reclamaciones de sus clientes por accidentes de tráfico. Así mismo, los 83 Colegios de Abogados existentes en España cuentan con abogados que se han dado de alta en este sistema de tramitación electrónica. Hasta finales de julio se han realizado por los abogados un total de 5.713 reclamaciones de clientes, de las cuales 5.687 son con lesionado y 26 con fallecidos; y se han solicitado 368 certificados de la solicitud.

El Consejo General de la Abogacía Española y UNESPA han desarrollado, a través de la empresa informática TIREA, una plataforma que permite a los letrados comunicarse de forma telemática y segura con las aseguradoras de los vehículos que se han visto implicados en un siniestro de circulación con víctimas.

Hay que recordar que la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, modifica el Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el RD Legislativo 8/2004 de 29 de octubre estableciendo en su artículo 7.1 la obligación, con carácter previo a la interposición de la demanda judicial, de comunicar el siniestro al asegurador, pidiendo la indemnización que corresponda.

Hasta la fecha, 28 entidades aseguradoras se han dado de alta en el servicio, de las cuales Mapfre España ha recibido 1.358 reclamaciones; Allianz, 821 y Axa Seguros, 496, siendo las tres aseguradoras con más reclamaciones.

El coste del servicio para el abogado es de 1 euro por expediente que se inicie y 3 euros por certificado para aportar en juicio, cantidades que incluyen el IVA. Los abogados que actúen dentro del Turno de Oficio están exentos de abonar los gastos de reclamación o certificado.

MÁS INFORMACIÓN PARA ABOGADOS SOBRE EL SERVICIO

Una de las plazas es de la Sala Tercera y fue convocada por la jubilación del magistrado Manuel Vicente Garzón. Las otras tres son de la Sala Segunda, todas ellas correspondientes al turno de especialistas

CGPJ.- La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy las ternas de candidatos a cuatro plazas de magistrado del Tribunal Supremo: una en la Sala Tercera, para cubrir la vacante producida por la jubilación del magistrado Manuel Vicente Garzón Herrero; y las otras tres en la Sala Segunda, todas ellas correspondientes –como la anterior- al turno de especialistas.

De los veintidós aspirantes a la plaza de la Sala Tercera, que fue convocada por acuerdo de la Comisión Permanente del pasado 26 de abril, han sido seleccionados, por unanimidad, los siguientes candidatos:

–      Dimitry Berberoff Ayuda, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Actualmente director del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo

–      Ignacio de la Cueva Aleu, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

–      Ana Isabel Martín Valero, magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

–      Fernando de Mateo Menéndez, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

–      Juan Pedro Quintana Carretera, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

–      Berta María Santillán Pedrosa, magistrada de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

–      José Santos Gómez, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla

Candidatos a la Sala Segunda

La Comisión Permanente también ha aprobado las ternas de candidatos a las tres plazas del turno previsto en el artículo 344 a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) convocadas en la Sala Segunda por acuerdo del pasado 3 de mayo, a las que podían optar todos los magistrados con diez años de servicios en órganos especializados de la jurisdicción penal.

La decisión de abrir la convocatoria a quienes cumplieran ese requisito, así como a los que reunieran los establecidos por la disposición transitoria duodécima de la LOPJ, obedeció al escaso número de potenciales candidatos que resultaría de limitarla a quienes accedieron a la categoría de magistrado mediante las correspondientes pruebas de selección en el orden jurisdiccional civil y penal convocadas en su día.

En la actualidad, solo doce magistrados cumplen ese requisito, de los que dos ya tienen la condición de magistrado del Tribunal Supremo y otros cuatro sirven en órganos de la jurisdicción civil. Habrían sido por tanto solo seis los posibles aspirantes a las plazas.

Dos de las plazas corresponden a las vacantes producidas por el fallecimiento del magistrado José Manuel Maza Martin y por el nombramiento como miembro del Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido Tourón; mientras que la tercera, en el momento de la convocatoria, tenía como objeto cubrir la vacante dejada por el entonces fiscal general del Estado, Julián Artemio Sánchez Melgar, mientras éste permaneciera en la situación de servicios especiales.

Pese a que Sánchez Melgar ha reingresado al servicio activo y se ha incorporado a su destino en el Tribunal Supremo, la plaza se ha mantenido en el concurso dado que a la fecha de su cese como fiscal general del Estado –que fue publicado por el Boletín del Estado el pasado 22 de junio- ya había concluido el plazo de presentación de candidaturas. El magistrado que obtenga la plaza quedará adscrito a la Sala Segunda y se le adjudicará la primera vacante de titular que se produzca.

De los 34 aspirantes, han sido seleccionados, también por unanimidad, los siguientes candidatos:

Plaza de magistrado de la Sala Segunda vacante por el nombramiento para otro cargo de Cándido Conde-Pumpido:

–      Ángel Luis Hurtado Adrián, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

–      Juan José López Ortega, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid

–      Eduardo Porres Ortiz de Urbina, presidente de la Audiencia Provincial de Madrid

–      Juan Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

–      María Félix Tena Aragón, presidenta de la Audiencia Provincial de Cáceres

–      Eloy Velasco Núñez, magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional

Plaza de magistrado de la Sala Segunda vacante por el fallecimiento de José Manuel Maza:

–      Manuel Caballero-Bonald Campuzano, magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga

–      Manuela Fernández Prado, magistrada de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

–      Javier Hernández García, presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona

–      Carmen Lamela Díaz, magistrada titular del Juzgado Central de Instrucción número 3

–      Jaime Requena Juliani, magistrado de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife

–      Francisco de Paula Sánchez Zamorano, presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba

Plaza de magistrado de la Sala Segunda convocada al encontrarse Julián Sánchez Melgar en la situación de servicios especiales:

–      Jesús María Barrientos Pacho, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

–      Concepción Espejel Jorquera, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

–      Enrique López López, magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional

–      Susana Polo García, magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

–      Leopoldo Puente Segura, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid

–      Ignacio Subijana Zunzunegui, presidente de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa

Los nombramientos serán decididos por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, que debatirá y votará las candidaturas elevadas por la Comisión Permanente, así como cualquier otra propuesta por los vocales del órgano de gobierno de los jueces haciendo uso de la facultad que les otorga el artículo 16.6 del Reglamento 1/2010, por el que se regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales.

La entrada y salida del servicio de guardia, recogida y devolución de teléfonos móviles en el mes de AGOSTO (desde el 1 de agosto al 31 de agosto ambos incluidos) será en la SEDE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE CASTELLON, Calle TEMPRADO, nº 15.

Reciba un cordial saludo,